El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la desindexación de los precios en la contratación pública

Pía Gállego Pérez de Larraya – Quienes deseen contratar con las Administraciones Públicas deben saber que ha entrado en vigor la desindexación de los precios en la contratación pública.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE número 77, de 31 de marzo de 2015), se aprobó con el objeto de establecer “un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan”.

Según su propia Exposición de Motivos se trata de introducir “un nuevo régimen basado en la no indexación de valores monetarios. Este es precisamente el objetivo principal de esta Ley: establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos (..)”.

Desde el pasado 6 de febrero de 2017 se encuentra en vigor la norma que desarrolla la citada Ley 2/2015 y permite su aplicación: el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero (BOE número 30, de 4 de febrero de 2017).

Este nuevo régimen, que ha modificado el artículo 89 del TRLCSP (aprobado por RDleg. 3/2011, de 14 de noviembre), se aplica a la revisión, motivada por variaciones de costes, de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público (entendido éste como los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.1 del TRLCSP).

Se aplica únicamente en los expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma.

Por tanto, en los contratos del sector público que se formalicen a partir del 6 de febrero de 2017 no podrán ya actualizarse los precios de forma automática conforme a un índice oficial de precios, por ejemplo, el IPC, como venía siendo habitual.

A partir de ahora, la revisión periódica y predeterminada de precios sólo se permite en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

En tales supuestos, dicha posibilidad de revisión requerirá previa justificación en el expediente, estableciéndose la fórmula de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato, y debiendo dicha fórmula de revisión permanecer invariable durante la vigencia del contrato.

Además, esta revisión de precios tendrá lugar cuando hayan transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y éste se haya ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe (excepto en los contratos de gestión de servicios públicos, que sólo requieren el transcurso de 2 años).

Por último, también debe tenerse en cuenta que, como dispone el art. 89.2 del TRLCSP “No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el real decreto”.