Notas a tener en cuenta en relación con la aplicación de la normativa de desindexación de la economía española, en el ámbito del sector público, teniendo en cuenta la disposición transitoria de la Ley 2/2015.

Pía Gállego Pérez de Larraya – Como ya vimos en un artículo anterior sobre el artículo 89¹ del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la desindexación de los precios en la contratación pública, la regla general que prohíbe la revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga, de los valores monetarios en cuya determinación intervenga el sector público (art. 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público²), se encuentra en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (en vigor desde el 1 de abril de 2015), y en el RD 55/2017, de 3 de febrero, de desarrollo de la Ley 2/2015 (en vigor desde el 5 de febrero de 2017).

El artículo 6 del RD 55/2017, establece unas excepciones tasadas a esa regla general. En dicho precepto se recogen tres grupos de supuestos, en los que sí se podrá establecer un régimen de revisión periódica y predeterminada de valores monetarios en función de precios individuales o índices específicos de precios, y entre los que se encuentran los precios de los contratos del sector público incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP³, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10.

En relación con esta excepción, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 6 de la Ley 2/2015, establece que la revisión de precios y tarifas de los contratos del sector público incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP, se rigen por lo dispuesto en éste.

Como es sabido, la Ley 2/2015, dio una nueva redacción al art. 89 del TRLCSP4, redacción que se encuentra vigente desde la entrada en vigor del RD 55/2017.

Pues bien, el art. 89 TRLCSP/art. 103 LCSP, permite -de forma excepcional, recordemos, al amparo del art. 6.3 RD 55/2017- la revisión periódica y predeterminada, en los términos concretos legalmente establecidos, y siempre que se trate de (i) contratos de obras, (ii) contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones públicas, y (iii) contratos distintos de los anteriores, cuyo período de recuperación de la inversión sea superior o igual a 5 años. Sólo estos tres tipos de contratos, por tanto, son exceptuados de aquella regla general.

¹Hoy, la referencia debe entenderse hecha al artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ² En vigor desde el 9 de marzo de 2018, y que deroga al TRLCSP aprobado por RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre. ³ Nuevamente, la referencia debe entenderse realizada a la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre.  4 Hoy, artículo 103 LCSP.

Sentado lo anterior, para quienes mantengan alguna relación jurídico-pública con el sector público y que pudiera entrar en el ámbito de aplicación de esta normativa, pasamos a analizar la confusa Disposición Transitoria de la Ley 2/2015 (insistimos, en lo concierne a las relaciones de derecho público).

  • El apartado primero de la Disposición Transitoria establece lo siguiente:

1. El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”.

Por tanto, lo dispuesto en los antes citados artículos 6.3 del RD 55/2017 y 89 del TRLCSP/103 de la hoy vigente LCSP, debe ponerse en conexión con lo que establece el apartado 1 de esta disposición transitoria: sólo resulta aplicable si el expediente de contratación (y siempre que sea un contrato incluido en el -ámbito de aplicación de la LCSP) es posterior al 5 de febrero de 2017. Del mismo modo, si el expediente de contratación es anterior al 5 de febrero de 2017, se regirá por lo dispuesto en sus propios pliegos (y obviamente, por la ley de contratos que resulte aplicable ratione temporis). Es decir, en este caso, no regirá la actual redacción del art. 89 TRLCSP/103 LCSP.

  • El apartado segundo de la Disposición Transitoria establece lo siguiente:

2. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación al resto de contratos celebrados por organismos y entidades del sector público que se perfeccionen a partir de su entrada en vigor.

Hasta que se publique el índice de alquiler de oficinas, previsto en el artículo 4 de esta Ley, cuando se pacte un régimen de revisión periódica y predeterminada en los contratos de arrendamiento de inmuebles en que sea parte el sector público perfeccionados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el índice de precios de alquiler de la vivienda del Índice de Precios de Consumo del Instituto Nacional de Estadística, a nivel provincial”.

De esta previsión resulta que cuando se trata de contratos distintos de los que se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP (por ejemplo, el caso de contratos privados), la normativa de desindexación será aplicable si el contrato en cuestión se perfeccionó a partir del 1 de abril de 2015.

Consiguientemente, en los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, y perfeccionados después del 1 de abril de 2015, no cabe revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga.

  • El apartado tercero de la Disposición Transitoria establece lo siguiente:

3. Por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero”.

En tercer y último lugar, en el caso de supuestos diferentes a los previstos en los apartados 1 y 2 de la misma (cuando no se trate de contratos incluidos en el ámbito del TRLCSP ni del resto de contratos celebrados por el sector público), a partir del 5 de febrero de 2017, quedan sin efectos los regímenes de revisión predeterminada y periódica que hubieren sido aprobados con anterioridad.