Una sentencia imprescindible para entender el contexto actual y renegociar el cumplimiento de los contratos

Hace algunas semanas, en medio de la vorágine de los Reales Decretos que sirvieron para la declaración del estado de alarma y para el posterior desarrollo de las medidas para luchar contra la situación provocada por el Covid-19, comentábamos diversas vías jurídicas para actuar de forma rigurosa ante las dificultades en que se pueden encontrar las empresas para cumplir con sus contratos en este contexto.

Pensamos que es interesante profundizar en alguna cuestión al respecto, porque es probable que no haya ya empresa en España que no haya enviado o recibido una carta o burofax instándole a rebajar una determinada renta o a renegociar una determinada prestación.

 

Ante todo, calma

La primera realidad con la que se ha encontrado nuestro empresariado con respecto a estas cuestiones es el completo olvido por parte del legislador. Dentro de la prolija y compleja normativa que ha emanado del Gobierno en este tiempo, se ha omitido dar respuesta a la problemática generada por las evidentes dificultades de muchas empresas para cumplir con sus compromisos económicos en el contexto de una economía paralizada. Las empresas inactivas no obtienen ingresos y, en la mayoría de los casos, sin esos ingresos las empresas no pueden afrontar su gasto corriente, porque carecen de suficiente financiación a largo plazo.

Ha sido muy tratado el caso de los arrendamientos de locales de negocio, que hasta el día de hoy no habían merecido ninguna mención por parte de la abundante normativa reciente, al contrario que los arrendamientos de vivienda, que sí han sido objeto de normas especiales. Sin embargo, no son los únicos contratos que pueden estar provocando graves tensiones de tesorería en las empresas. Si pensamos que, cada vez más, la inversión empresarial es menor y se recurre más a soluciones as a service, no nos costará imaginar muy diverso tipo de contratos en los que las empresas tengan que afrontar pagos periódicos, pero no puedan hacerlo por su pérdida de ingresos.

Ante esta situación, no han faltado quienes se han aventurado a señalar a la doctrina rebus sic stantibus como remedio de todos los males. Incluso en la prensa generalista se ha aludido a la misma como manera de escapar a la crisis.

Sin embargo, a nuestro juicio, el apresuramiento a recurrir a dicha doctrina está guiando a muchas empresas a pensar que tienen derecho a suspender unilateralmente sus obligaciones o a exigir de su contraparte una modulación de las condiciones de contratación.

Como ya indicábamos en nuestra anterior publicación, habrá que analizar caso por caso en qué medida se puede o no recurrir a dicha doctrina, porque no es en absoluto claro que se vaya a poder generalizar su aplicación.

 

Sentencia reciente

En apoyo de esta tesis vienen una sentencia que se acaba de conocer y que es especialmente interesante puesto que aborda  precisamente la aplicabilidad de la doctrina rebus sic stantibus.

Ocho días antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma, se dictaba la Sentencia 156/2020 de la Sala I del Tribunal Supremo (Rec. 2400/2017), y en ella se abordaba la aplicación de la doctrina a un contrato de mediación publicitaria suscrito en 2006 para dos anualidades y una tercera que se prorrogó. Pues bien, la sentencia, de la que es ponente Sancho Gargallo, hace hincapié en la imprevisibilidad de riesgo y en el hecho de que afecte de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato.

En particular, en este caso, rechazó la aplicación de la doctrina al supuesto concreto en virtud de la duración del contrato y del hecho de que se hubiera prorrogado ya en el contexto de la crisis financiera.

Es decir, que por muy imprevisible que sea el riesgo (y entendamos que en el caso del Covid-19, lo es), habrá que estar a las condiciones concretas del contrato, a su duración, al momento en que se celebró y al efectivo impacto de la crisis sanitaria en la finalidad contractual para verificar la posibilidad de modular las condiciones de cumplimiento.

De la misma manera que en el contexto de la crisis financiera de 2008 la jurisprudencia entendió que la regla rebus sic stantibus no podría aplicarse de forma indiscriminada, sino que se exigía, no podrá considerarse ahora con la crisis sanitaria.

 

Conclusiones prácticas

En la práctica, se impone la necesidad de tener sosiego y analizar pormenorizadamente cada caso, para poder comprobar en qué medida existe una verdadera afectación de la base del contrato y el equilibrio de las prestaciones y hasta qué punto se debe negociar para impedir que se frustre completamente ese negocio.

Pero lo que esta sentencia viene a poner de manifiesto, en medio del panorama actual, en el que con tanta facilidad se ha pretendido acudir a soluciones automáticas, es que no hay atajos ni soluciones unilaterales e inmediatas.

 

En Sáez Abogados disponemos de un equipo profesional con experiencia en el asesoramiento jurídico a empresas y en la litigación en materia de incumplimiento contractual, por lo que podremos asesorarle en materias relacionadas con este tipo de cuestiones. Si desea ampliar la presente información y obtener un asesoramiento adecuado a su caso, puede contactarnos sin compromiso enviándonos un email a despacho@saezabogados.com o bien llamándonos al 91.395.22.39.

Carlos-M. Blanco Portillo

Abogado en Sáez Abogados