El uso de medios audiovisuales en centros educativos desde la perspectiva jurídica.

por 10 Ene, 2024Educación

Carlos M. Blanco responsable departamento calidad

En la educación actual, el uso de medios audiovisuales desempeña un papel esencial al brindar a los estudiantes una herramienta valiosa para comprender conceptos complejos y fomentar la participación activa. Sin embargo, surge una preocupación crítica en relación con la legalidad de proyectar estos medios en los centros escolares. La cuestión legal, centrada en los derechos de autor y las regulaciones aplicables, agrega una capa de complejidad a la integración de estos recursos en el proceso educativo.

En este artículo daremos algunas claves para que el uso de los audiovisuales se ajuste a nuestro Derecho.

La importancia de los Medios Audiovisuales en la Educación

Antes de abordar la cuestión de la legalidad, es importante comprender el papel fundamental que desempeñan los medios audiovisuales en la educación. La proyección de películas, documentales y otros medios en el aula puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de múltiples maneras:

  1. Visualización de Conceptos Abstractos: Los medios audiovisuales pueden ayudar a los estudiantes a comprender conceptos abstractos y complejos al proporcionar representaciones visuales claras.
  2. Aprendizaje Activo: Ver películas y documentales puede involucrar a los estudiantes de manera activa, fomentando la discusión y el pensamiento crítico.
  3. Diversidad Cultural: Los medios audiovisuales pueden introducir a los estudiantes en diferentes culturas y perspectivas, promoviendo la diversidad y la inclusión.
  4. Motivación: La proyección de medios atractivos puede aumentar la motivación de los estudiantes y hacer que el aprendizaje sea más interesante.

Los derechos de autor

La legalidad de proyectar medios audiovisuales en centros escolares está intrínsecamente vinculada a los derechos de autor. Los creadores de películas y documentales tienen derechos exclusivos sobre sus obras, lo que significa que nadie más puede utilizarlas sin su permiso.

Está protegida por los derechos de propiedad intelectual cualquier creación intencionada de la mente humana, generalmente inmaterial, aunque pueda estar asociada a productos físicos, y que puede estar sometida o no a una explotación económica. Por lo tanto, las creaciones que son objeto de proyección a través de medios audiovisuales están sujetas, en principio, a dicha protección como propiedad intelectual.

La norma vigente en España, que es el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, establece que sólo el autor de la obra audiovisual es el que puede autorizar determinados usos, como, por ejemplo, la reproducción de la misma. Entre dichos usos necesitados de autorización está la comunicación pública. Así, la proyección de material audiovisual que sea objeto de derechos de propiedad intelectual constituye de por sí un acto de comunicación pública (art. 20 TRLPI) y no puede realizarse, en principio, sin autorización del titular.

Con carácter general, además, la adquisición de la obra por parte del centro o de un profesor no le confiere el derecho a reproducir dicha obra en el aula. En ocasiones, los centros tienen en sus bibliotecas recursos audiovisuales que han adquirido legítimamente, pero, incluso así, su comunicación pública no está generalmente admitida.

Límites al derecho de autor

Sin embargo, existen excepciones y limitaciones que permiten el uso de medios audiovisuales en el ámbito educativo.

En primer lugar, el artículo 32 del TRLPI establece una limitación en cuanto a la necesidad de autorización del titular cuando la comunicación se produzca en ejercicio del denominado “derecho de cita”.

Según este artículo, sí podrían incorporarse fragmentos de películas, series o conciertos a otras obras (p. ej. a una presentación de diapositivas digitales o una proyección elaborada por un docente) y, por analogía, utilizarse en el aula. Pero siempre debe tratarse de fragmentos, sometidos a análisis, comentario o juicio crítico y siempre con fines docentes o de investigación, indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. No está amparado por el citado artículo la proyección de una obra completa.

En algunas ocasiones, especialmente en el ámbito universitario, se alega la posible aplicación del artículo 37 TRLPI, pero tampoco este artículo permitiría la comunicación pública de una obra en el aula. Dicho artículo permite, en determinados supuestos, realizar reproducciones, pero no comunicación pública, y sólo para fines de investigación, no estando previstos los fines docentes.  Del mismo modo, se autorizan los préstamos de dichas obras, pero, nuevamente, no su comunicación pública.

Alternativas para la proyección de audiovisuales

Si lo que se pretende es ir más allá del mero uso del audiovisual como cita, se ha de contar con autorización del titular de los derechos, bien directamente (porque esté así contemplado en los contratos por los que se adquieren estas obras), bien porque se cuente con algún tipo de licencia específica.

De esta forma, una primera vía para que sea posible la proyección de medios audiovisuales sin obtener previamente la autorización del autor es que a la hora de la adquisición de dichas obras se cuente, en los contratos por los que se obtenga ese material, una licencia que posibilite la comunicación pública de la obra o autorice el uso pretendido. Como ya hemos indicado, en general, la adquisición de una obra audiovisual en el circuito comercial ordinario no autoriza por sí a esa comunicación pública.

Por otro lado, las entidades gestoras de derechos de autor suelen tener licencias específicas para el uso docente de su catálogo. En concreto, EGEDA, entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa y defiende en España los intereses de los productores audiovisuales derivados de los derechos que reconoce y protege la Ley de Propiedad Intelectual, dispone de una Licencia Educativa que cubre tanto los actos de exhibición o proyección de obras cinematográficas y demás obras y grabaciones audiovisuales (Art. 20.2.b y 88.1 del TRLPI) como los actos de emisión o transmisión de obras y grabaciones audiovisuales a través de aparatos televisuales instalados en las diversas estancias o áreas de actividad (Art. 20.2 f y g y 122.2 del TRLPI) de dichos centros.

Por otra parte, algunas obras pasan al dominio público después de un período de tiempo específico o si el titular de los derechos decide liberar la obra de sus derechos exclusivos. En estos casos, se pueden proyectar sin restricciones legales. Nos encontraríamos con dos supuestos habituales:

  1. Por un lado al fallecimiento del autor, transcurrido un plazo de setenta años desde su muerte o declaración de fallecimiento, se extinguen los derechos de propiedad intelectual y las obras pasan a dominio público.
  2. Por otro lado, cada vez es más frecuente que se divulguen obras bajo licencias abiertas, en cuyo caso, la comunicación pública podría ser legítima, atendiendo a las propias condiciones de dicha licencia.

Conclusión

Las implicaciones de proyectar medios audiovisuales en centros educativos han de tenerse en consideración y el incumplimiento de las normas reguladoras de los derechos de propiedad intelectual pueden tener importantes consecuencias económicas para dichos centros. Por lo tanto, en la gestión de estos aspectos, se deberán valorar cuestiones como los costes asociados con la adquisición de licencias, la gestión de derechos de autor, la selección de contenido adecuado, la inversión en tecnología y la búsqueda de alternativas económicas.

Los titulares de centros educativos deben considerar cuidadosamente estos factores para garantizar un uso eficiente de los recursos y presupuestos disponibles, equilibrando el enriquecimiento educativo que brindan los medios audiovisuales con las responsabilidades legales y financieras que conllevan.

Nosotros

En Sáez Abogados disponemos de un equipo profesional con experiencia en materia jurídico-educativa, por lo que podremos asesorarle en materias relacionadas con este tipo de cuestiones. Si desea ampliar la presente información y obtener un asesoramiento adecuado a su caso, puede contactarnos sin compromiso.

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Carlos M. Blanco

Carlos M. Blanco

Abogado y responsable dto. calidad

Carlos es Abogado, especializado en derecho penal. Cuenta con más de diez años de experiencia en el asesoramiento jurídico, y es se encarga de la dirección de procesos judiciales en los órdenes civil y penal. Además, ha impartido docencia universitaria en estudios de grado y en el Master de Acceso a la Abogacía.

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Carlos M. Blanco

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