Un contrato público por el que un empresario o empresa privada realiza una inversión de interés público. A cambio obtiene el derecho a explotar dicha inversión por un tiempo determinado para amortizar su inversión y obtener una rentabilidad.

El concesionario es un colaborador de la Administración Pública. Facilita la construcción de infraestructuras y la prestación de servicios de interés general sin necesidad de que las arcas públicas se endeuden. Sin esa colaboración, previsiblemente muchas inversiones necesarias serían inviables económicamente.

Las concesiones se otorgan a riesgo y ventura del concesionario. Pero si se imponen modificaciones, cambia la legislación, ocurren riesgos imprevisibles o situaciones de fuerza mayor, entre otros, el concesionario tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico – financiero de las concesiones.

De común acuerdo, por causas imputables a la Administración Pública o por causas imputables al concesionario. Los procedimientos de extinción y las consecuencias son distintas en cada caso.

Con carácter general, tiene derecho a la indemnización de la inversión realizada, en función de su valor o estado de amortización. Adicionalmente, si la extinción es imputable a la Administración, podrá obtener la compensación del lucro cesante de la concesión.